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EL ECONOMISTA / Empresas / por Luis Miguel González / 13 de septiembre de 2021, 00:34
El caso de Miguel Alemán e Interjet es un icono en la historia tributaria, dice Raquel Buenrostro. “El acto de ir a cobrar a esta empresa es materializar el mensaje de separar el poder político del poder económico, acabar con la complicidad… El socio principal es el nieto de un expresidente, en cuyo sexenio se desarrollaron muchas de las principales familias de empresarios de México”.
La jefa del SAT describe lo detectado en la aerolínea: Interjet debía impuestos desde el 2013, los montos más importantes tienen que ver con retenciones de Impuesto sobre la Renta de trabajadores y retenciones de Impuesto al Valor Agregado de venta de boletos. “Estos impuestos no debieron quedarse en la empresa. Es una obvia defraudación fiscal”.
Un factor que abre otra veta para el SAT es el papel del despacho de auditoría, “todo el tiempo la empresa estuvo revisada por un despacho de los Big4. De acuerdo a la documentación que hemos revisado, el despacho contable no le informó a los directivos de Interjet que había una omisión en el pago de impuestos y que esto constituía un delito fiscal”
Por el momento, no parece haber un caso sólido para sancionar a la empresa auditora, reconoce la jefa del SAT, “jurídicamente hasta ahorita, estamos revisando y no vemos algo que sea contundente. En todo caso, el que podía hacer algo es la empresa. Interjet podría demandar a su firma auditora”.